Un nuevo estado de excepción rige en Guayaquil. Este es el tercer decreto al que acude el presidente Guillermo Lasso, durante su mandato, para frenar la violencia que se vive en la ciudad.
Los dos anteriores, emitidos en octubre del 2021 y en abril pasado, tenían similares características que el actual. En todos se mencionó que Fuerzas Armadas y Policía tenían que trabajar juntas para recuperar el orden público.
Los objetivos también eran los mismos: reducir los niveles de inseguridad y las muertes violentas.
La diferencia entre los tres radica en sus motivaciones. Hoy esta acción se da por el asesinato de cinco personas con explosivos de gran alcance en el sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste.
El Ministerio de Gobierno ha catalogado a este hecho como un acto de terrorismo. Incluso, se mencionó que fue una declaración de guerra al Estado.
Pero en Guayaquil este atentado no es un hecho aislado. En mayo pasado, un auto estalló en los exteriores de una Unidad de Policía Comunitaria del norte. Ese suceso alarmó a los vecinos de la ciudadela La Florida, quienes optaron hasta por cambiarse de domicilio por temor.
Un mes antes de ese hecho, otro carro con explosivos estalló frente a la cárcel Regional de Guayas. Varios negocios resultaron afectados por la onda expansiva y los fragmentos del automotor.
En entidades como la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Juzgados también se han detectado explosivos a punto de ser detonados.
En los barrios también hay reportes de viviendas destruidas con explosivos de alto calibre.
De hecho, datos oficiales apuntan que este año en Guayaquil se han perpetrado 58 eventos de terrorismo. Unos son considerados menores y otros, graves. El de ayer fue uno de estos últimos, pues es el primero que deja víctimas mortales y más de 20 heridos.