En términos fiscales, los montos destinados para la equiparación y homologación salarial para docentes generarán un aumento del déficit presupuestario. Esto aumenta las probabilidades de que el país se endeude más.
El pasado 22 de julio de 2022, la Corte Constitucional (CC) negó los recursos de ampliación solicitados por el Ejecutivo y la Procuraduría General del Estado sobre la equiparación salarial docente.
Esta disposición estaba pendiente de entrar en vigor como parte de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobadas en 2021.
Para Juan Pablo Jaramillo, asesor de Estratego Consulting, la concreción de la homologación salarial responde a una demanda justa de los docentes. Por lo cual, consideró que el nuevo gasto es parte de la inversión requerida para el sector de educación.
Compensación del Gobierno
Además, el experto enfatizó que el incremento es parte de la compensación del Gobierno ante la falta de asignación de recursos presupuestarios, tal como lo establece la Constitución.
Ahí se señala que el Gobierno debe aumentar al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el presupuesto de educación, cada año. “En los últimos años, la asignación del sector ha sido mermada; por ejemplo, la de este año es menor a lo destinado para educación en 2018. No se ha cumplido la regla”, dijo.
Ahora, con la disposición legal, el Estado deberá sumar USD 450 millones al gasto anual para cubrir el incremento salarial. Así lo señalan las estimaciones del Ministerio de Educación.
El monto puede llegar hasta unos USD 500 millones y seguirá siendo mayor cada año, aseguró Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.
Para el experto, el Gobierno no cuenta con los recursos para cubrir esta nueva obligación, ya que persiste el déficit fiscal. Según el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022, la diferencia entre ingresos y egresos se prevé en USD 3 783 millones, que representan el 3,45% del PIB.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en julio una reducción a USD 2 300 millones, por factores como la mayor recaudación tributaria y el aumento de los ingresos petroleros.
Sin embargo, Carrera estima que el déficit finalmente llegue a los USD 3 000 millones por los nuevos gastos y por la volatilidad del precio del crudo.
¿De dónde provendrán los recursos para el aumento salarial?
Cuando la Asamblea Nacional ratificó la equiparación salarial para los maestros, propuso que esta se financie con los recursos obtenidos por venta petrolera. Este rubro se ha incrementado este año de forma constante, y por la actual reforma tributaria.
Mejorar el sistema de recaudación
Juan Pablo Jaramillo señaló que esto se puede reforzar con la mejora en el sistema de recaudación de impuestos, para evitar la evasión y con mayor optimización del gasto público. En junio pasado, el Gobierno emitió lineamientos al respecto, sin dar cifras del ahorro previsto en gastos.
No obstante, Jaime Carrera recalcó que la propuesta nunca tuvo financiamiento. Además, las fuentes de financiamiento consideradas por la Asamblea son ingresos no permanentes y de carácter volátil. Por ello no pueden garantizar sostenibilidad para el aumento salarial. Así lo aseguró el analista económico Jorge Calderón.
Ahora, la única forma de cumplir con esta nueva obligación es que el Gobierno siga acumulando los retrasos con los acreedores, entre los que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), puntualizó Carrera.
Esto generará que el Gobierno también requiera endeudarse más. Esto, en un escenario con un riesgo país alto y con las tasas de interés más altas en el mercado internacional, pondrá a Ecuador en una situación de desventaja.
Así, la deuda resultará más cara, tanto con multilaterales o con la emisión de bonos.
Un endeudamiento más costoso implica que el Estado pague mayores intereses en los próximos años. Este 2022, el Ecuador tiene necesidades de financiamiento público por USD 6 506 millones. Con un país más endeudado y con cuentas poco sostenibles, “se aleja la posibilidad de financiar el déficit y ahuyenta la inversión”, puntualizó Carrera.
El perjuicio es también para el sector privado, ya que si una empresa quiere pedir un préstamo en el exterior para invertir en el Ecuador y generar empleo, tiene que pagar intereses más altos.