El defensor público general, Ángel Torres Machuca, presentó el informe anual de labores ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Durante su intervención destacó que en 2022 impulsó la implementación de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, que determina directrices claras para organizar los servicios que presta la institución y los consultorios jurídicos gratuitos; explicó las cifras de los servicios defensoriales, las acciones para el fortalecimiento institucional, la renovación tecnológica, el trabajo para garantizar el acceso a la justicia de las personas de los grupos de atención prioritaria.
Cifras de atención
En 2022 la institución atendió 304.450 solicitudes ciudadanas, a escala nacional, de las cuales el 22,06% fue asesoría, el 76,98% patrocinio y el 0,97% mediación.
El patrocinio en materia no penal representó el 43,50% de atenciones; mientras que en materia penal fue del 56,50%.
Informó que el 96% de patrocinios, en materia no penal, correspondió a tres líneas de servicio: Familia, Niñez y Adolescencia, 84,2%; Laboral, 7,21%; y, Movilidad Humana, 4,67%. Mientras que en materia penal, el grupo de presuntos infractores adultos lidera, con el 70,81%, seguido de atención a víctimas, 16,92%.
En asesorías, más del 80% se registró en las líneas de servicio de: Familia, Niñez y Adolescencia, Laboral, Inquilinato y Movilidad Humana.
De igual manera, la Defensoría Pública fomenta la aplicación de la mediación como mecanismo de solución de conflictos, privilegiando el diálogo. En 2022 se realizaron 2.942 mediaciones, el 77,12%., en materia no penal y el 22,88%, en materia penal
Atención especializada en casos de violencia y acciones ante la inseguridad
Debido al clima de violencia e inseguridad que registra el país, indicó que se constituyó el Modelo de Coordinación Interinstitucional Defensoría Pública – Entidades de la Fuerza Pública y con base a la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, dispuso la creación de dos direcciones nacionales: de la Fuerza Pública y de Atención a Víctimas de Violencia de Género.
La propuesta permitirá el acceso oportuno a la justicia de las víctimas de violencia; y, por otro lado, brindará asistencia legal a los uniformados que, en el ejercicio de sus funciones, necesiten aplicar la fuerza institucional, de manera legítima y progresiva.
En cuanto a la atención a víctimas de violencia de género, en 2022 la institución atendió 25.539 casos, entre patrocinios y asesorías; fortaleció las dos unidades especializadas, con la incorporación de psicólogos en las provincias con mayor incidencia: Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro y Azuay.
El trabajo interdisciplinario de defensores públicos y psicólogos tiene como eje central a la víctima, que requiere atención oportuna, integral y especializada. Los resultados positivos alcanzados han sido reconocidos a escala nacional, habiendo obtenido el premio por buenas prácticas de la Función Judicial 2022, otorgado por el Consejo de la Judicatura, puntualizó.
Crisis penitenciaria
La Defensoría Pública mantiene un servicio permanente dentro de los centros de privación de libertad, en favor de las personas privadas de libertad garantizando sus derechos. En materia de ejecución de la pena, durante el año 2022 se atendieron 12.481 casos, resaltó la máxima autoridad.
Entre las acciones realizadas, destacó el acompañamiento a la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación, en sus recorridos por los centros carcelarios del país, en los que constató el trabajo que realiza la Defensoría Pública; la realización de reuniones con administración de los centros de rehabilitación social, para la celeridad en la construcción de las carpetas y la simplificación de los requisitos, en los casos de indulto y beneficios penitenciarios.
Además, la institución dictó talleres de atención psicológica, motivación y reinserción social a las personas privadas de la libertad y sus familias e impulsó campañas informativas de difusión de servicios defensoriales.
Renovación tecnológica
Como un hito histórico calificó el defensor público general, la renovación de la infraestructura tecnológica, luego de 12 años de creada la institución. El proyecto, que contó con el apoyo del Gobierno Nacional, alcanza una inversión de 4.015.489 de dólares y consta de tres componentes: habilitación del data center de la Defensoría Pública; renovación del equipo tecnológico, con la adquisición de 1.039 computadoras; e implementación de conectividad, a escala nacional.
Hasta el momento, 815 portátiles, 224 computadoras de escritorio y 344 impresoras multifunción fueron entregadas en los 198 puntos de atención de la Defensoría Pública, en las 24 provincias del país, para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
Fortalecimiento institucional
Resaltó la gestión realizada ante el Ministerio de Finanzas, para la habilitación de partidas presupuestarias que se encontraban desfinanciadas y logró recuperar 28 partidas para defensores públicos, a fin de ampliar la cobertura de los servicios institucionales y reducir la carga laboral. Al cierre de 2022, el número de defensores públicos llegó a 736, a ellos se sumaron 10 psicólogos, dos médicos ocupacionales.
También dijo que, para el fortalecimiento institucional, mantiene alianzas estratégicas con instituciones del Estado y organismos no gubernamentales, mediante la suscripción de 85 convenios de cooperación interinstitucional.
Acercamiento de los servicios defensoriales
La Defensoría pública acercó los servicios legales gratuitos a las personas que no pueden acceder a una defensa particular, a través de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública, conformada por los consultorios jurídicos gratuitos; la Ruta de los derechos; el formulario Web; y, el link: “Justicia Lejos de Casa”, que consiste en el servicio de asesoría virtual, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia ecuatoriana a los compatriotas que residen en el exterior.
Al cierre de 2022, la institución cuenta con 80 consultorios jurídicos gratuitos acreditados, en 21 provincias del país, que registraron 73.739 atenciones.
Mientras tanto, la Ruta de los derechos, constituida por las dos unidades móviles, equipadas como oficinas rodantes, visitó 21 provincias, 91 cantones, 240 barrios y brindó 5.922 asesorías y 565 patrocinios
Inclusión Social
Con la finalidad de promover el acceso a la justicia a las personas de los grupos de atención prioritaria, la institución aprobó el Protocolo de Atención Inclusiva en el acceso a la justicia, para personas con discapacidad; y, la Política Institucional de la Defensoría Pública del Ecuador sobre el Acceso a la Justicia de Personas LGBTI+. Ambos instrumentos instruyen la aplicación de buenas prácticas, a fin de entregar los servicios de asesoría y patrocinio sin discriminación alguna.
Escuela Defensorial
La Escuela Defensorial, creada con la ley Orgánica de la Defensoría Pública, tiene como finalidad impulsar programas académicos, para la especialización y capacitación permanente del personal misional y administrativo de la institución, que permitan brindar a los usuarios servicios de calidad. Durante 2022, con el apoyo de organismos no gubernamentales e instituciones del Estado, la Escuela Defensorial realizó 50 eventos de capacitación a los que asistieron 11.041 participantes, detalló.
Presencia internacional
La actual administración de la Defensoría Pública del Ecuador consiguió la designación de cuatro defensores públicos interamericanos, que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que garantiza los derechos de las víctimas que carecen de recursos económicos para su defensa, brindando patrocinio técnico y gratuito.
Además, la institución se mantiene como integrante del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM) y de la Asociación Interamericanas de Defensorías Públicas (AIDEF), que trabajan por el fortalecimiento de las instituciones defensoriales de la Región.
Al finalizar su intervención, el defensor público general resaltó el trabajo de los defensores públicos, por su labor diaria, profesionalismo y compromiso con la excelencia.